Bolivia afianza su apuesta por el financiamiento climático
En un mundo donde el cambio climático se erige como el gran equalizador de desigualdades —golpeando con igual ferocidad a ricos y pobres, aunque estos últimos lo sientan con mayor crudeza—, Bolivia ha decidido no quedarse al margen. Con una serie de normativas recientes, el gobierno plurinacional busca capturar flujos de capital verde que podrían transformar su vulnerable economía andina. El Decreto Supremo 5264, promulgado en octubre de 2024, sentó las bases para gestionar el financiamiento climático, definido como el flujo de recursos destinados a mitigar y adaptarse al calentamiento global.legislacion.com.bo Ahora, dos resoluciones ministeriales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) —la 066/2025 y la 067/2025— profundizan este marco, prometiendo un registro obligatorio de proyectos y criterios claros para su evaluación. Pero, ¿será esto suficiente para atraer inversiones en un país donde la burocracia y la inestabilidad política han ahuyentado capitales en el pasado?
El financiamiento climático no es un concepto abstracto para Bolivia. Como el décimo país con mayor riesgo climático global, según índices internacionales, ha sufrido sequías devastadoras, deshielos glaciares y inundaciones que erosionan su productividad agrícola y amenazan la seguridad alimentaria de millones. Históricamente crítico con los mecanismos occidentales de carbono —recordemos su rechazo inicial al mercado de bonos por considerarlo una forma de “colonialismo verde”—, el gobierno de Luis Arce ha virado hacia un pragmatismo necesario. El Decreto Supremo 5264 establece principios rectores como la soberanía nacional y la equidad, designando al MMAyA como la autoridad central para canalizar fondos de fuentes multilaterales, bilaterales y privadas.bolivia.vlex.com Este decreto no solo regula el acceso a recursos, sino que incorpora mecanismos para evitar la doble contabilidad de emisiones, alineándose con estándares internacionales como el Acuerdo de París.
Las resoluciones de 2025 elevan este esqueleto normativo a un nivel operativo. La Resolución Ministerial 066/2025 regula el Registro Nacional Obligatorio de Programas y Proyectos (RENAPP), una plataforma digital administrada por la Dirección General de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.ferrere.com Todos los proyectos climáticos —desde reforestación hasta energías renovables— deben inscribirse aquí, asegurando transparencia y evitando duplicidades. Es un paso crucial para ingresar al mercado voluntario de carbono, donde empresas globales compran créditos para compensar sus emisiones. Analistas estiman que Bolivia, con sus vastos bosques amazónicos, podría generar millones en bonos de carbono, aunque el riesgo de deforestación ilegal persiste como una sombra.ferrere.com
Complementariamente, la Resolución Ministerial 067/2025 define criterios técnicos y administrativos para evaluar y priorizar proyectos.justicia.gob.bo Estos incluyen parámetros mínimos obligatorios, como el impacto ambiental, la viabilidad económica y la inclusión de comunidades indígenas —un guiño a la cosmovisión plurinacional boliviana. La herramienta operativa busca agilizar la aprobación, reduciendo la burocracia que ha frenado inversiones en el pasado. Juntas, estas normas consolidan el decreto de 2024, creando un ecosistema legal que podría atraer fondos del Fondo Verde para el Clima o de la Unión Europea, que ya colabora con Bolivia en iniciativas de restauración ecológica (euroclima.org).
Económicamente, las implicaciones son tentadoras. Bolivia ejecuta actualmente 40 proyectos climáticos por un valor de 1.361 millones de bolivianos (alrededor de 197 millones de dólares), muchos financiados externamente.m (maya.gob.bo) El nuevo marco podría multiplicar esto, impulsando sectores como la agricultura resiliente y la hidroelectricidad, que representan el grueso de la economía. Sin embargo, no todo es verde esperanza. Críticos señalan que el énfasis en mercados voluntarios podría priorizar proyectos rentables sobre los verdaderamente transformadores, y la dependencia de financiamiento externo —que ya domina el sector de agua y medio ambiente— expone al país a volatilidades geopolíticas (fundacionsolon.org) Además, en un año electoral como 2025, con tensiones internas, la implementación podría verse politizada.
Para inversores y directores legales, este desarrollo abre puertas: registros RENAPP, estructuración de proyectos y litigios ambientales. Bolivia, al profundizar su financiamiento climático, no solo busca adaptarse al cambio global, sino posicionarse como un jugador en la economía verde. Si logra equilibrar soberanía con pragmatismo, podría convertir su vulnerabilidad en ventaja competitiva. De lo contrario, estas resoluciones quedarán como otro capítulo en la larga saga de promesas ambientales incumplidas en América Latina.
