El 13 de agosto de 2026, el Gobierno boliviano dictó el Decreto Supremo N.º 5675, que establece una nueva Organización del Órgano Ejecutivo. La norma, de 134 artículos, sustituye íntegramente al Decreto Supremo N.º 4857 de 6 de enero de 2023 y abroga, además, otras nueve disposiciones de organización dictadas entre 2024 y 2026, junto con seis derogaciones puntuales.
El decreto se inscribe en la política de austeridad del Gobierno y en el mandato de evaluación de la estructura del Sector Público previsto en la Ley N.º 1356 y en la Ley N.º 2042, incorporado por la Ley N.º 1613. Sus considerandos invocan un cuadro de recesión, inflación, déficit fiscal elevado y reducción de las Reservas Internacionales como justificación para reordenar la administración pública, reducir la burocracia y optimizar el gasto público.
Para el sector privado, sin embargo, el interés de la norma no está en su exposición de motivos, sino en dos consecuencias muy concretas: cambia la contraparte estatal de miles de relaciones jurídicas en curso, y abre una ventana de transición de noventa días en la que esa sustitución debe ejecutarse.
El derecho de fondo no cambió, cambió quién lo aplica.
Una Administración Central de doce ministerios
El Artículo 27 organiza la Administración Central en doce ministerios: Relaciones Exteriores; la Presidencia; Economía y Finanzas Públicas; Defensa; Gobierno; Trabajo; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; Minería y Metalurgia; Educación; Salud y Deportes; y Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Dos carteras desaparecen: el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía. El propio decreto precisa que la supresión del primero no elimina el Sistema de Planificación Integral del Estado, la inversión pública, el financiamiento externo, el medio ambiente ni la ciencia y tecnología: redistribuye su titularidad institucional.
Dos reagrupamientos merecen atención empresarial particular. El Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua concentra ahora industrialización sostenible, desarrollo agropecuario, fortalecimiento de las MYPES, comercio y logística interna, derechos del usuario y consumidor, gestión ambiental, biodiversidad, bosques, cambio climático, agua, saneamiento básico y riego. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con el Viceministerio de Comercio Exterior, Integración Económica e Inversiones Extranjeras y suma el Viceministerio de Turismo Sostenible y Culturas.
Qué ocurre con las carteras suprimidas
Las Disposiciones Transitorias reparten las competencias del ex Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente: Ciencia y Tecnología pasa al Ministerio de Educación; Planificación Estratégica, al Ministerio de la Presidencia; Inversión Pública y Financiamiento Externo, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, al Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua. Las materias del ex Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía pasan íntegramente al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El traslado alcanza saldos presupuestarios, ítems, activos, pasivos, documentación y bienes inmuebles. Los activos que no se transfieran a las entidades competentes se entregan al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) mediante inventario y acta de entrega y recepción.
La regla de continuidad
El Artículo 132 es la pieza que ordena jurídicamente toda la transición. Dispone que la supresión, fusión o cambio de denominación de un ministerio no extingue las atribuciones que le hubieran sido asignadas; que estas son asumidas por la instancia sucesora en la materia; que las referencias contenidas en la normativa vigente a una instancia suprimida se entienden realizadas a su sucesora; y que la sucesora asume los derechos, obligaciones, activos, pasivos, contratos, convenios, programas, proyectos, archivos y procesos correspondientes. La Disposición Final Tercera reitera la regla para las referencias normativas y la Disposición Final Primera, para las atribuciones contempladas en normativa específica.
Importa también lo que la norma no hace. Conforme al Parágrafo VI del mismo Artículo 132, la fusión o supresión de un ministerio no produce automáticamente la fusión, supresión o extinción de las entidades o empresas públicas bajo su tuición, dependencia o sujeción.
Contratos y contrataciones: una distinción crítica
La Disposición Transitoria Séptima separa dos situaciones que conviene no confundir.
Los contratos y convenios a cargo de los ministerios extintos mantienen plena validez y son asumidos por el ministerio receptor. La posición contractual del proveedor no se debilita por la reorganización.
Los procesos de contratación de bienes y servicios que no hubieran culminado a la fecha de vigencia del decreto son otra cosa: el ministerio receptor queda facultado a continuarlos o a dejarlos sin efecto, precautelando los intereses económicos de la cartera. Para un oferente con propuesta presentada y no adjudicada, esa facultad es un riesgo real y debe gestionarse como tal.
En paralelo, la Disposición Transitoria Sexta establece que los procesos judiciales, constitucionales y administrativos en curso se asumen de manera inmediata: los del ex Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, por el Ministerio de Relaciones Exteriores; los del ex Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, por la cartera competente según la materia y, en lo relativo a su Administración Central, por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Los plazos de la transición
Tres plazos corren desde la vigencia del decreto. Diez días hábiles para que los ministerios receptores inicien su proceso de adecuación y emitan la Resolución Ministerial que apruebe su estructura organizacional. Quince días hábiles para las modificaciones presupuestarias emergentes de la reestructuración, que deben tramitarse de forma ágil y simplificada. Y noventa días calendario para el cierre y entrega de los ministerios extintos mediante actas con intervención notarial, con inventario detallado de bienes muebles e inmuebles, vehículos, existencias, activos, pasivos, obligaciones, contratos, convenios, procesos de contratación y disposición de bienes, procesos administrativos y judiciales, documentación de respaldo y archivos físicos y digitales.
Durante ese plazo de cierre, los códigos institucionales, estructuras presupuestarias, cuentas fiscales y registros contables de los ministerios extintos mantienen vigencia exclusivamente para las operaciones necesarias hasta su conclusión.
El Anexo de Vinculación
El Título IX y su Anexo de Vinculación fijan, entidad por entidad, la dependencia, tuición o sujeción de las entidades desconcentradas, descentralizadas y autárquicas y de las empresas públicas. Entre otras, el SEPREC, el SENAPI, el SENASAG, IBMETRO, el SENAVEX, PRO-BOLIVIA y el SERNAP quedan vinculados al Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana Nacional, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; YPFB, ENDE, EBIH y YLB, al Ministerio de Hidrocarburos y Energías; y la ATT, la ABC y la DGAC, al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
El decreto acota expresamente el efecto de esa distribución: no modifica la naturaleza jurídica, personalidad, patrimonio ni el régimen administrativo, laboral, tributario o financiero de cada entidad, y la omisión de una entidad o empresa pública en el Anexo no implica su supresión o extinción. Las sociedades con participación accionaria del Estado quedan fuera del régimen de tuición y mantienen únicamente una vinculación sectorial con el ministerio responsable.
Dos precisiones adicionales tienen interés directo para las empresas: la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) continúa cumpliendo sus objetivos, funciones y atribuciones sin cambios, y la institución pública desconcentrada "CONOCE BOLIVIA" pasa a denominarse "BOLIVIA EN EL MUNDO", bajo dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Disposición Adicional Primera, por su parte, define el "Sector Energético" como comprensivo de hidrocarburos, electricidad, energías alternativas y renovables, energía nuclear, hidrógeno y evaporíticos.
Implicaciones prácticas para las empresas
La reorganización no altera el derecho sustantivo aplicable, pero sí la autoridad que lo aplica. Cinco frentes merecen revisión inmediata.
Contratación pública
Los procesos no adjudicados con las carteras suprimidas deben revisarse de inmediato: identificar al ministerio receptor, confirmar por escrito la continuidad del proceso y documentar las actuaciones antes del cierre de los noventa días.
Contratos vigentes
Conviene verificar la identificación de la contraparte, los domicilios de notificación y las instrucciones de pago. Los fideicomisos del ex Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, en los que actuaba como fideicomitente, son asumidos por el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua y requieren adendas contractuales.
Trámites, licencias y permisos
Las solicitudes en curso ante viceministerios trasladados deben reencaminarse a la nueva autoridad, verificando que el expediente y el cómputo de plazos hayan sido efectivamente transferidos.
Litigios y procedimientos administrativos
Los procesos continúan, pero cambia la parte estatal. Poderes, notificaciones y comparecencias deben actualizarse en consecuencia.
Documentación societaria y regulatoria
Contratos, políticas internas y formularios que citen ministerios por su denominación anterior deben leerse conforme al Artículo 132; en los documentos de mayor exposición, la actualización formal es recomendable.
Perspectiva estratégica
La apuesta del decreto es que un Ejecutivo más compacto reduzca duplicidades y acorte trámites. Los Artículos 10 y 11 elevan la simplificación administrativa, la calidad regulatoria y la transformación digital a criterios de organización, y la norma insiste en que la transformación digital no consiste en reproducir procedimientos físicos por medios electrónicos, sino en revisarlos y rediseñarlos. La concentración de producción, comercio interno, medio ambiente y agua en una sola cartera puede, con el tiempo, simplificar permisos que hoy exigen recorrer varias ventanillas.
El costo está en la ejecución. La Disposición Final Segunda advierte que la implementación no representará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, de modo que la reorganización debe absorberse con la capacidad instalada, en plazos cortos y con personal en transición: la extinción de los ministerios implica, según la Disposición Transitoria Segunda, la no continuidad de la relación laboral con el ministerio extinguido.
Para las empresas, la conclusión es sencilla de enunciar y exigente de aplicar: el derecho de fondo no cambió, cambió quién lo aplica. Los próximos noventa días determinarán si esa sustitución ocurre de manera ordenada o si deja expedientes, procesos de contratación y plazos sin titular claro. Las compañías que hagan ahora el inventario de su propia exposición —qué contratos, qué trámites, qué litigios y ante qué autoridad— llegarán al final de la transición con menos preguntas abiertas que sus competidores.
