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El Gobierno sube los topes del crédito productivo y apuesta a que haya más préstamos

Decreto Supremo N.º 5776, de 16 de noviembre de 2026

Crédito productivo representado con un tractor, maquinaria industrial, monedas y un símbolo de porcentaje.

Desde 2014, Bolivia trata el precio del crédito productivo como una herramienta de política pública. El Decreto Supremo N.º 2055 fijó ese año cuánto puede cobrar como máximo un banco a una empresa productiva según su tamaño, y el Decreto Supremo N.º 5403 retocó el cuadro en mayo de 2025. El Decreto Supremo N.º 5776, firmado el 16 de noviembre, vuelve a tocarlo, esta vez en la dirección contraria a la habitual. Los cuatro topes suben.

La microempresa podrá pagar hasta un 17,0 % anual, frente al 11,5 % anterior. El tope de la pequeña empresa pasa del 7,0 % al 12,0 %, el de la mediana del 8,0 % al 11,5 % y el de la grande del 10,0 % al 11,0 %. Las subidas son mayores cuanto menor es la empresa, lo que invierte una premisa que el régimen mantuvo durante años, la de que el prestatario más frágil necesitaba la tasa más baja.

La justificación oficial es que un precio demasiado bajo no protege a quien no consigue el préstamo. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los desembolsos a micro y pequeñas empresas cayeron cerca de un 19 % entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros resumió la apuesta al decir que es preferible una tasa algo más alta con acceso al crédito que una tasa baja sin él. Los considerandos del decreto hablan, con más cautela, de adecuar los límites a las características y necesidades de cada unidad productiva.

Un techo, no un precio

El texto fija máximos y no tasas. El nuevo Parágrafo I del Artículo 5 del DS N.º 2055 dice expresamente que las entidades de intermediación financiera podrán prestar por debajo del límite según las condiciones de cada operación, y exige que el tope se aplique con transparencia, información clara y respeto a los derechos del consumidor financiero. Una microempresa con buenas garantías y un historial limpio no tiene por qué pagar el 17,0 %, y la competencia entre entidades debería mantener muchas operaciones por debajo del techo.

El Artículo 4 añade una prohibición con más peso práctico del que aparenta. Ningún mecanismo, cobro o concepto podrá usarse con la finalidad de eludir los máximos. Es la herramienta que tendrá la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para impedir que un techo más alto se convierta, mediante comisiones o cargos accesorios, en un techo aún más alto. La ASFI dispone de hasta diez días hábiles desde la publicación para adecuar su reglamentación y fijar los mecanismos de control.

Los contratos vigentes, a salvo

Los nuevos límites se aplican únicamente a las operaciones otorgadas a partir de la publicación. Los créditos suscritos antes de la publicación conservan la tasa y las condiciones vigentes al momento del desembolso, y el banco no puede cambiarlas unilateralmente en perjuicio del prestatario, una regla que el Artículo 62 de la Ley N.º 393 de Servicios Financieros ya establecía con carácter general.

El decreto separa con nitidez operaciones nuevas y anteriores, pero no se pronuncia sobre las reprogramaciones o refinanciaciones de créditos vigentes. La pregunta no es menor. Si una reprogramación se tratara como operación nueva, una empresa en dificultades podría ver subir su tasa justo al renegociar. Hay además un matiz de redacción. Los nuevos topes rigen para los créditos «otorgados» desde la publicación, mientras la protección alcanza a los «suscritos» antes, de modo que un crédito firmado antes y desembolsado después queda en zona gris. Conviene que la reglamentación de la ASFI aclare ambos puntos.

Un régimen que se mueve por decreto

Los topes se fijan por decreto supremo porque así lo dispone el Artículo 59 de la Ley N.º 393, que encarga al Órgano Ejecutivo regular las tasas activas del crédito productivo y de la vivienda de interés social. Este decreto sólo modifica el cuadro del crédito productivo. Para el inversor, la consecuencia tiene dos caras. El régimen puede volver a cambiar con la misma facilidad con la que ha cambiado ahora, y los contratos ya firmados quedan protegidos frente a ese cambio.

El propio decreto anticipa revisiones. Encarga a la ASFI un seguimiento periódico de la cartera productiva, del acceso al crédito por tamaño de empresa, de las tasas efectivamente cobradas, del efecto sobre el empleo y la inversión y de las dificultades de las unidades más pequeñas. Con esos resultados, dice el Artículo 3, se podrán evaluar nuevos ajustes normativos si corresponde.

Qué significa para empresas y bancos

Para los bancos, el nuevo cuadro abre margen para atender segmentos que el tope anterior volvía poco rentables, sobre todo en microcrédito. Para las empresas, el efecto dependerá de su posición. Las que ya tenían acceso al crédito pueden encontrarse con ofertas más caras en su próxima operación, aunque nada obliga a aceptarlas. Las que no lo tenían podrán conseguirlo ahora, a un precio mayor que el que pagaban las primeras.

Las críticas no se han hecho esperar. Según recoge la prensa boliviana, parte de los afectados teme que las entidades aprovechen el margen para mejorar su rentabilidad sin ampliar la cartera. El seguimiento que el decreto encarga a la ASFI servirá para medir cuál de las dos lecturas se impone.

Antes de firmar un crédito productivo nuevo, conviene pedir por escrito la tasa efectiva, compararla con el tope que corresponde al tamaño de la empresa y revisar cualquier cargo adicional a la luz del Artículo 4.

César González, Socio, C.R. & F. Rojas Abogados

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