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Las empresas públicas podrán comprar por Consulta de Precios por encima de Bs50.000

Decreto Supremo N.º 5772, de 16 de noviembre de 2026

Contratación pública representada con una orden de compra, un ordenador, cajas y monedas.

Las empresas públicas bolivianas compiten en mercados donde la velocidad cuenta, pero compran con las reglas de un ministerio. El Decreto Supremo N.º 5772, firmado el 16 de noviembre, intenta reducir esa distancia. Incorpora a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) un nuevo Artículo 83 Ter que permite a ciertas entidades contratar bienes y servicios generales de más de Bs50.000 mediante Consulta de Precios, un mecanismo competitivo y electrónico que las NB-SABS reservaban a compras de menor cuantía.

Quién puede usarlo

El mecanismo no es para todo el sector público. Pueden aplicarlo las empresas públicas del nivel central del Estado y las de las Entidades Territoriales Autónomas, para las operaciones directamente vinculadas a su giro empresarial. También pueden hacerlo el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), para las empresas bajo su dependencia, el Servicio Nacional Textil (SENATEX) e INSUMOS BOLIVIA, en ambos casos para las atribuciones directamente relacionadas con procesos productivos y de comercialización. El resto de entidades públicas sigue con las modalidades ordinarias.

El objeto también está acotado. Se trata de bienes y servicios generales, de modo que obras y consultorías quedan fuera del nuevo artículo.

Un piso sin techo

El rasgo más llamativo es que el Artículo 83 Ter fija un monto mínimo, más de Bs50.000, y ningún máximo. En la práctica, una empresa pública podría usar la Consulta de Precios para compras de un valor que, con las reglas ordinarias, exigiría procesos más largos. El decreto compensa esa amplitud con dos contrapesos. Las contrataciones se hacen bajo responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada entidad y con sujeción a los principios y condiciones de las NB-SABS, y la información de cada proceso debe registrarse en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

La cifra de Bs1.000.000 ordena el resto. Cuando el precio referencial no la supera, el responsable del proceso es el RPA y la contratación puede formalizarse con contrato, orden de compra u orden de servicio. Por encima de ese monto, el responsable es el RPC y sólo cabe un contrato. El procedimiento concreto se regirá por el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

Todavía no se aplica

El nuevo artículo no rige aún. La Disposición Final Primera da al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hasta 15 días hábiles desde la publicación para emitir el comunicado oficial de habilitación operativa en el SICOES, y sólo después de ese comunicado será aplicable el Artículo 2. En nuestra lectura, hasta entonces las compras de estas entidades siguen las modalidades vigentes.

Los otros cambios

El decreto aprovecha para retocar el Artículo 65 de las NB-SABS, que enumera las causales de contratación por excepción. Amplía la causal de alimentos frescos y perecederos para incluir los alimentos de los subsidios Prenatal, de Lactancia y Universal Prenatal por la Vida, y añade una nueva para que el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) contrate la supervisión técnica de proyectos de infraestructura civil. Además, desde el 4 de enero de 2027, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) pasa a llamarse Programa Pro-Patria en toda la normativa vigente.

Qué significa para los proveedores

Para quien vende a empresas públicas, el cambio promete procesos más cortos y más frecuentes, con la competencia concentrada en el precio. La contrapartida es que la MAE asume la responsabilidad de cada proceso. En el sistema boliviano, esa responsabilidad se rige por la Ley N.º 1178 de Administración y Control Gubernamentales, que el propio decreto invoca en sus considerandos, y puede ser administrativa, ejecutiva, civil o penal. Ese peso puede hacer que algunas entidades usen el mecanismo con prudencia, sobre todo en montos altos, y es previsible que los órganos de control presten especial atención a los procesos de mayor cuantía tramitados por esta vía. Para el proveedor, eso se traduce en entidades que pedirán más respaldo documental antes de adjudicar.

Conviene seguir en el SICOES el comunicado de habilitación y las primeras convocatorias, tener actualizada la documentación habitual para contratar con el Estado y prever que, por debajo del millón, la relación puede formalizarse con una simple orden de compra, con lo que eso implica para la negociación de condiciones. La velocidad que el decreto busca sólo se materializará si las entidades confían en el mecanismo y si los proveedores están preparados para responder en plazos cortos.

César González, Socio, C.R. & F. Rojas Abogados

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César González

Socio · La Paz

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