La subida del diésel ha tenido en la obra pública boliviana el efecto previsible en un sector que se mueve con maquinaria pesada. Ha encarecido los materiales, ha estrechado los márgenes de los contratistas y ha dejado proyectos a medio hacer. El Decreto Supremo N.º 5775, firmado el 16 de noviembre, es la respuesta del Gobierno. Autoriza de forma excepcional a ajustar los precios de materiales, maquinaria, equipo y diésel en los contratos de obra pública, a conceder anticipos adicionales o pagar materiales en bodega y a ampliar el monto de los contratos de supervisión técnica.
No es la primera vez. El propio decreto cita tres antecedentes recientes con el mismo fin, los DS N.º 5321, de enero de 2025, N.º 5406, de mayo de 2025, y N.º 5597, de marzo de 2026. La novedad está en el método. Para los contratos largos, el reajuste deja de ser un parche único y pasa a ser una fórmula polinómica que se aplica hasta el final de la obra. El Ministerio de Obras Públicas lo ha presentado como una forma de no tener que dictar un decreto tras otro.
A quién alcanza
El decreto se aplica a los contratos de obra y de supervisión técnica que las entidades públicas hayan firmado bajo las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) hasta su entrada en vigor, estén en ejecución o todavía sin orden de proceder. Los procesos ya adjudicados podrán acogerse una vez formalizado el contrato. Los que estén en curso o por iniciarse también podrán hacerlo si se rigen por las NB-SABS, cuentan con financiamiento externo y se formalizan después de la vigencia, sin necesidad de que el Órgano Rector autorice cambios en el Documento Base de Contratación. Las entidades con normativa propia de contratación pueden elegir entre su régimen y este.
Todos los mecanismos se instrumentan mediante uno o más contratos modificatorios, sustentados en informes técnico, financiero y legal, que podrán superar los porcentajes de modificación que fijan las NB-SABS. El plazo para firmarlos vence el 31 de diciembre de 2027. Al mismo tiempo, la Disposición Adicional Sexta extiende hasta esa misma fecha los modificatorios por ajuste de precios en los contratos de aseo urbano previstos en el DS N.º 5660.
La frontera de los 540 días
El método depende del plazo de ejecución original. En los contratos de hasta 540 días calendario, el ajuste se hace una sola vez y recae sobre el precio del material que figura en el Formulario B-2 de análisis de precios unitarios, sin tocar los costos indirectos. Se aplica sólo al saldo pendiente de la obra, de modo que los insumos comprados o usados antes del modificatorio quedan fuera. El diésel se ajusta por su costo como insumo de la maquinaria y el equipo.
En los contratos de más de 540 días, la regla cambia de naturaleza. El contratista y la supervisión construyen una fórmula polinómica con un coeficiente fijo, que no se ajusta, y un máximo de siete insumos críticos, elegidos entre los ítems de mayor cuantía que en conjunto representen hasta el 70 % del contrato. La fórmula se aplica hasta la terminación del contrato. Los precios saldrán en primer lugar del Instituto Nacional de Estadística (INE) y, cuando este no publique el dato, de cotizaciones o proformas que la entidad deberá verificar. Los Ministerios de Obras Públicas y de Economía tienen hasta diez días hábiles para aprobar una guía de la fórmula, que será referencial y cuya emisión no condiciona la vigencia del decreto.
Para un contratista, la elección de esos siete insumos y de sus coeficientes de ponderación será la negociación más importante del modificatorio. En ella se decide qué parte de la inflación de costos queda cubierta durante el resto de la obra.
Para los proyectos con financiamiento externo todavía en licitación, la Disposición Transitoria Segunda tiene un efecto práctico notable. Las entidades podrán aplicar los mecanismos del decreto a contratos que aún no existen, sin pedir al Órgano Rector autorización para modificar el Documento Base de Contratación. Quien licite en esos procesos debería preguntar en la fase de consultas si la entidad piensa acogerse al decreto, porque eso cambia el reparto del riesgo de precios durante toda la obra y, con él, el precio razonable de la oferta.
Liquidez antes que precio
El decreto atiende también un problema que el reajuste por sí solo no resuelve, la falta de caja para comprar insumos. El contratista puede optar, sólo por una de las dos vías, entre anticipos adicionales y el pago de materiales en bodega. Los anticipos se reservan a los contratos en ejecución, exigen un análisis técnico y financiero previo de todos los anticipos ya otorgados, no pueden superar el costo de los materiales, maquinaria y equipo pendientes de compra, exigen una garantía de correcta inversión por el 100 % del monto y se amortizan en cada certificado de avance hasta quedar devueltos antes de la planilla final. El pago en bodega puede cubrir hasta el 80 % del costo de los materiales adquiridos, y el 20 % restante se paga cuando el material queda colocado en obra. A cambio, el contratista debe aportar facturas, certificados de calidad y una póliza contra pérdida, robo, hurto y deterioro, y asume la custodia hasta la puesta en obra.
La supervisión técnica no queda atrás. Si la obra se alarga, su contrato puede ampliarse por encima de los límites de las NB-SABS cuando el fiscal de obra lo justifique en un informe técnico y financiero, con una garantía del 7 % sobre el incremento.
Una facultad, no un derecho
El Artículo 4 condiciona cualquier modificatorio a la disponibilidad financiera y presupuestaria de la entidad, a su evaluación técnica y legal y a la voluntad de las partes. El decreto autoriza a pagar más, pero no obliga a hacerlo ni aporta fondos. Las entidades territoriales autónomas pueden destinar recursos adicionales a este fin, si los tienen.
Para el caso en que no los haya, la norma abre dos salidas. La primera es reducir el alcance de la obra sin afectar su funcionalidad, para aplicar el ajuste sobre lo que quede. La segunda, más llamativa, es resolver un contrato en ejecución cuando el ajuste no sea viable, una inviabilidad que podrá considerarse caso fortuito. La decisión es de la entidad, pero requiere la aceptación del contratista. Si se adopta, el contratista no queda registrado como impedido en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) ni pierde su garantía de cumplimiento, aunque tampoco podrá reclamar daños y perjuicios por ninguna vía legal. La misma regla vale para la supervisión.
Esa resolución es, en la práctica, un intercambio. El contratista renuncia a una reclamación y obtiene una salida limpia. El decreto no dice qué ocurre si no acepta, por lo que en principio la relación seguiría rigiéndose por el contrato y las NB-SABS.
El Artículo 8 cierra la puerta a cobrar dos veces. Las obras que ya recibieron ajustes bajo los decretos anteriores pueden acogerse a este, pero sólo por las variaciones posteriores, tomando lo ya reconocido como nueva línea base.
Lo que queda fuera
El ajuste cubre materiales, maquinaria, equipo y diésel y no menciona la mano de obra. Los constructores agrupados en Cadeco ya han pedido una fórmula que actualice todos los componentes del costo, mano de obra incluida. Si el reajuste salarial o la escasez de personal pesan en una obra concreta, el decreto no ofrece una vía específica para reconocerlo.
Qué conviene hacer
Las empresas constructoras con contratos estatales deberían revisar ya su cartera y clasificar cada contrato según el plazo original, el saldo por ejecutar y los ajustes recibidos bajo decretos anteriores. Preparar los informes y la garantía actualizada al monto total resultante, y el cronograma físico y financiero si se pacta un nuevo plazo, lleva tiempo, y la garantía tiene un costo que conviene incluir en el cálculo. En los contratos largos, el trabajo técnico sobre los insumos críticos y sus pesos merece la misma atención que una oferta.
Para las entidades contratantes, la decisión es sobre todo presupuestaria. El plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 parece holgado, pero la capacidad de pago de cada alcaldía, gobernación o ministerio decidirá qué obras se terminan y cuáles se reducen o se resuelven.




